Acciones realizadas en al ámbito de la atención en México

De acuerdo al estudio realizado en el 2000 por la investigadora Elena Azaola, en colaboración con la UNICEF, el Sistema Nacional DIF y el CIESAS denominado "Infancia Robada", desarrollado en seis ciudades, en México existen aproximadamente 16 mil personas menores de edad explotadas en el comercio sexual.

Ante esta situación y aún cuando en México existe una gran preocupación y voluntad por garantizar el bienestar de la infancia a través de acciones de prevención y protección, lo cierto es que actualmente no se cuenta con una instancia especializada que opere un modelo de atención integral para las víctimas de ESCI basado en un enfoque de derechos.

La respuesta de cómo debe ser atendido un niño, una niña o una persona adolescente explotada sexualmente es demasiado compleja como para poder abordarla desde una única y simple perspectiva.

Los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en peligro de ser explotados o que ya han sufrido explotación se encuentran envueltos en múltiples desventajas. Son niños y niñas que han sido utilizados como objetos y por lo tanto presentan graves afectaciones psicológicas y físicas.

Aún cuando podamos encontrarnos con estas dificultades, existe una obligación por parte del Estado y de la sociedad de restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas y de ofrecerles una mejor forma de vida. No se trata sólo de reconocer el problema sino de atenderlo e impedir que estos niños y niñas crezcan como adultos desintegrados.

Los estudios derivados de los eventos e instrumentos internacionales relacionados con el tema exponen la necesidad de utilizar un enfoque intersectorial que permita restablecer, recuperar y reintegrar al niño o la niña víctima, contemplándolo desde una perspectiva integral para poder abordar sus necesidades.

Es indispensable que la niña, niño o adolescente junto con su familia reencuentre sus valroes, fortalezca su autoestima y se le proporcione oportunidades de carácter integral, para que pueda optar a un plan de vida digno, con mejores condiciones y con ello evitar su vulnerabilidad y su exposición al abuso del poder y la explotación.

En este proceso, es muy importante escuchar y atender de manera permanente las opiniones y experiencias de las víctimas y utilizar esta información como una fuente valiosísima para el diseño y desarrollo de acciones de atención directa y protección en las comunidades que fortalezcan los factores protectores que impidan la explotación de nuevo.

En México, como en otros países, existe una gran preocupación por brindar servicios a los niños y niñas más vulnerables. En la mayoría de los casos estos esfuerzos se han visto fortalecidos por la acción solidaria de la sociedad; sin embargo resulta preocupante observar que no existen centros de atención especializada a niños y niñas que hayan sido víctimas de la explotación sexual comercial.

Actualmente, es a través de diversas organizaciones de la sociedad civil que se atiende la problemática, en el mayor de los casos. El Sistema Nacional DIF, a través de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, en los Estados donde se está presentando con mayor fuerza esta problemática, se ha dado a la tarea de implementar una serie de acciones integrantes que den respuesta a las necesidades que tienen las niñas, niños y adolescentes que se ven involucrados en alguna modalidad de la explotación sexual comercial.

Es así como cada Entidad Federativa ha establecido formas de trabajo diferenciadas, por el contexto y características que se presentan, tendiendo que adaptarse a los elementos humanos y a los recursos materiales y financieros con los que cuentan, estableciendo convenios interinstitucionales y promoviendo la participación de organismos de la sociedad civil, para responder a este fenómeno y proporcionarles a estos niños y niñas condiciones de vida más digna y el respeto a sus derechos.

La PGR ha realizado varios esfuerzos para brindar apoyo a la ciudadanía en general, poniendo especial atención a los grupos vulnerables. En lo referente a la Explotación Sexual Comercial Infantil, se traabja con la atención legal, social y psicológica a las víctimas con la finalidad de proporcionar alternativas que coadyuven a la solución de su problemática. Además, se realiza un seguimiento a cada caso específico.

Asimismo, la PGR cuenta con un programa de denuncia anónima el cual tien por objetivo recibir denuncias de hechos que puedan constituir delitos federales. Esta información es recibida por un Agente del Ministerio Público de la Federación mediante vía telefónica, vía correo electrónico o personal y es canalizada a la Subprocuraduría correspondiente.

Actualmente, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, la Procuraduría General de la República y la Organización Internacional del Trabajo a través del Programa IPEC (Programa para Combatir la Explotación Sexual Comercial Infantil) en México se encuentran trabajando en un proyecto con el fin de crear una guía de atención de carácter integral con enfoque de derechos que incorpore aspectos de carácter preventivo, de protección y de atención.